La Fiscalía del Trabajo (MPT) de Brasil investiga a empresas agroindustriales, como Cargill y JBS por presentar irregularidades laborales en sus cadenas de producción. Según una investigación, más de 50 grandes empresas con actividades en el país tienen cadenas de producción contaminadas por trabajo esclavo en Brasil. 

Estos datos fueron publicados por el MPT y conforman el proyecto Chain Reaction, que traza un mapa del vínculo entre las empresas y los casos de trabajo análogos a la esclavitud y busca responsabilizar a las empresas a lo largo de toda la cadena económica.

De acuerdo a la entidad se presentaron Acciones Civiles Públicas (ACP) contra grupos como (además de Cargill y JBS) Brasil Global Agroindustrial Ltda, CM Distribuidora de Alimentos Ltda y RRX Comércio de Carnes Eireli.

El MPT se propone promover cambios estructurales en la forma en que las empresas supervisan a sus proveedores, así como una “rendición de cuentas debe abarcar toda la cadena, desde el proveedor hasta la empresa principal, para garantizar la erradicación de las prácticas ilegales”.

Entre los requisitos principales de la labor del MPT “se encuentran el seguimiento continuo de los proveedores, con auditorías periódicas y visitas técnicas, así como la adopción de mecanismos de debida diligencia en materia de derechos humanos”.

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Los acuerdos prevén además visitas in situ, al menos semestrales, y la creación de protocolos para abordar los casos de trabajo infantil, trabajo forzoso, trata de personas y riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores. «La adopción de estas prácticas es esencial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las relaciones comerciales», subrayó la Fiscalía del Trabajo de Brasil.

Al abordar el tema de manera integral, la subprocuradora general de Trabajo, Teresa Basteiro, refirió que «es necesario impulsar un proyecto civilizador que llegue a toda la sociedad, especialmente a los trabajadores más vulnerables».

Asimismo manifestó que «hace unos 30 años, se produjo el primer rescate de trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud en una fábrica de carbón vegetal en Mato Grosso do Sul. Desde entonces, hemos avanzado, pero aún nos enfrentamos a un desafío civilizatorio».

Otros datos muestran que de un total de 89.537 conflictos socioambientales registrados entre 2002 y 2023, 46.912 casos se refieren a trabajo forzoso.

Esta cifra representa el 52,4 por ciento de todos los casos documentados por la Comisión de Tierras Pastorales (CTP) durante ese período. Para los investigadores, esta estadística demuestra que la explotación humana forma parte del modelo de expansión agrícola.

Por otra parte, cientos de indígenas realizaron protestas en el mes de enero durante casi una semana en una instalación de Cargill en Santarem, en el norte de Brasil, contra un decreto firmado en agosto por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que permite al gobierno federal considerar concesiones privadas de vías fluviales, transfiriendo la responsabilidad del mantenimiento, el dragado y la gestión del tráfico de buques a los operadores.

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